Las inconductas académicas pueden categorizarse por su intención, por su forma o por el método. En este sentido, el plagio puede ser abordado desde cualquiera de estas categorías, es decir, un investigador puede incurrir por la forma, en autoplagio, cuando el autor atenta en contra de la originalidad de su investigación al realizar fraude por reciclaje de información, o robo de material, cuando el investigador toma total o parcialmente información que no le pertenece. Por el método, el investigador es propenso de incurrir en prácticas habituales de plagio como el “Copy & Paste”, que consiste no solamente en la copia de un material, sino que tiene que ver con negligencia en la paráfrasis, por tanto, en esta misma categoría debe considerarse el parafraseo inapropiado o recurrente que se constituye en un tipo de plagio medianamente más elaborado y que se puede asociar también con el robo de ideas. El autor puede tener conciencia plena de su inconducta académica o puede cometerla de forma accidental por desconocimiento, lo cierto es que, en cuanto a intencionalidad, el desconocimiento no exime de responsabilidad a los autores. Según la Real Academia Española de la Lengua, plagiar, del latín plagiare, se define en su primera acepción, como “…copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias”, este acto de inconducta académica tiene implicaciones sociales, económicas y científicas.

El plagio en la academia es un problema generacional, en los primeros niveles de formación, por lo general, no conlleva consecuencias graves cuando es detectado, por esta razón se repiten las mismas formas de trabajo aprendidas en pregrado, por lo que el investigador en formación “hereda” el modus operandi de sus maestros haciendo sistemático el problema. Las implicaciones académicas suelen repercutir en sanciones institucionales conforme al orden jurídico que rige en las mismas, sin embargo, éstas trascienden en implicaciones sociales, por ejemplo, la separación de un estudiante por implicaciones éticas puede repercutir en su calidad de vida futura, esto se debe a que las instituciones de educación superior públicas o privadas mantienen en su población estudiantes de diversos estratos sociales y aunque esto no justifica una inconducta académica, es tan solo una muestra de la transversalidad del factor social y evidencia de que se trata de un problema estructural.

El plagio es un comportamiento que transgrede el respeto por la propiedad intelectual. Al normalizarse esta acción se genera un patrón de conducta fundamentada en el fraude y que en el plano social, puede reproducirse en otras actividades como las inconductas de los hacedores de política, como lo sucedido con la ex Presidenta de la Cámara de Representantes de Colombia, Jennifer Arias, quien incurrió en plagio en su tesis de maestría en Gobierno y Políticas Públicas, determinada tras meses de investigación de la Universidad Externado de Colombia, similar a lo ocurrido por Enrique Peña Nieto, expresidente de México que en 2016 fue acusado de más del 30 % de plagio de su tesis final en la Universidad Panamericana, obteniendo el título de Licenciado en Derecho en 1991. Estos casos son abundantes, donde desfilan varias personalidades tales como Victor Ponta, ex ministro de Rumania acusado de plagio en su tesis doctoral, Klavdija Markez, ex ministra de Educación de Eslovenia acusada de plagiar su tesis de maestría, Karl Theodor zu Guttenberg, exsecretario de Defensa de Alemania acusado de plagiar su tesis doctoral, Annette Schavan, exministra de Salud de Alemania, acusada de plagiar su tesis doctoral, John Walsh, exsenador de Estados Unidos; Yasmín Esquivel exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México) y muchos otros casos. Esta realidad no es ajena a la de Ecuador, según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), en 2013 una de cada dos tesis universitarias contenía potenciales elementos de fraude, en 2016 se reportaron capturas de bandas dedicadas a la emisión de títulos profesionales falsos y elaboración de tesis cuyos precios fluctuaban entre los 5000 y 10000 dólares, muchas de ellas de nivel doctoral. En 2012, el primer escándalo público de plagio desde el “retorno a la democracia” y posiblemente no el único, pero sí el más mediático, fue el suscitado con el ex economista Pedro Delgado Campaña, entonces Gerente del Banco Central del Ecuador e irónicamente Presidente del Fideicomiso “AGD No Más Impunidad”, quien renunciaría a sus cargo y huiría a Miami después de determinarse que su título de Economista había sido falsificado y su tesis presentaba claros indicios de plagio, este caso conllevó una sentencia de 5 años por enriquecimiento ilícito tras no poder justificar un incremento patrimonial en sus cuentas, este caso tan solo fue uno de los más sonados en Ecuador, seguido del plagio del marco teórico de la tesis de tercer nivel del exvicepresidente Jorge Glas Espinel (2012) quien usó material desde páginas no científicas como “El Rincón del Vago” y “Monografías.com” para optar por el grado de Ingeniero en Electricidad y Electrónica en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Lo propio sucedió con María Alejandra Vicuña, exvicepresidenta del Ecuador en 2019 y Wilson Merino, ex Juez de la Corte Nacional quien presentó un libro de derecho con más del 98 % de textos tomados de “El Rincón del Vago”. Estos casos, donde los hacedores de política se ven inmersos en actos de corrupción en sus funciones permite elucubrar que, sin duda, la deshonestidad académica fue tan solo el primer paso hacia el cometimiento de otros delitos con implicaciones sociales evidentes.

El plagio en investigación tiene un costo social pero también un costo económico, Reyes y colaboradores en su estudio “Conductas no éticas en la investigación científica: prevalencia causas asociadas y estrategias de prevención. Una revisión sistemática”, menciona que cada artículo retractado pude alcanzar un costo promedio de 200 a 400 mil dólares, especialmente aquellos que provienen de entes de financiamiento, por lo que los investigadores proponen el aumento de los salarios a investigadores en función de la calidad de la investigación y no por la cantidad de manuscritos producidos y publicados, sin mencionar que las pérdidas económicas pueden traducirse en el costo por servicios de revisores en revistas especializadas, o la pérdida de tiempo (costo de oportunidad) de los mismos. Sin embargo, los costos que una investigación fraudulenta con vicio de plagio conlleva en la replicación de resultados en grandes proyectos de gobiernos e instituciones son incalculables.

En definitiva, el costo social del plagio académico incide negativamente en el avance de la ciencia y pone en riesgo incluso el futuro de una nación, como hemos visto, la lista de hacedores de política inmersos en actos dolosos de fraude académico es extensa, resta probidad en la toma de sus decisiones y éstas repercuten en la sociedad, resulta alarmante que el porvenir de las naciones repose en el líderes cuestionables por sus inconductas académicas. El plagio académico requiere ser tomado en serio y sancionado desde los niveles más bajos de la formación académica, este problema es generacional y estructural que afecta a todas las ramas del saber y puede poner en riesgo a toda la población, sin mencionar que genera costos y pérdidas económicas importantes como producto de la corrupción o como gastos en los que incurre una revista científica en sus procesos de evaluación de pares, los revisores son seres humanos que en la mayoría de los casos  contribuyen ad honorem en la revisión de manuscritos con la finalidad de contribuir en el progreso científico de la sociedad, su costo oportunidad, resulta incalculable al igual que su tiempo, que se ve perjudicado ante las inconductas académicas. El progreso de la ciencia se sostiene sobre la base de la ética, sancionando con firmeza todo acto de inconducta académica, exigiendo calidad por encima de cantidad y dando ejemplo desde la intelectualidad científica al resto de segmentos de la sociedad.

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