El concepto de la geopolítica resulta ser polisémico y multidimensional, es decir, ésta puede ser entendida como ciencia y como técnica, capaz de estudiar el desarrollo del comportamiento político a escalas regionales o incluso mundiales, teniendo en cuenta variables de tipo geográfico, permite desarrollar aproximaciones sobre el ejercicio de las relaciones internacionales, facilita la comprensión de hechos pasados y presentes a nivel político y social, se comporta como una ciencia complementaria y paralela a la historia, siendo además, una ciencia multidisciplinar (Cuéllar, 2012). La conceptualización de esta disciplina resulta fundamental a la hora de abordar las problemáticas entorno a la gestión de la biodiversidad, que hoy en día dejan de enfrentarse a la compleja estructura del Estado-Nación con aires neoliberales, plantándose de cara a la transformación que ha experimentado esta estructura en los últimos años hasta convertirse en un poderoso aparataje de empresas multinacionales que terminan siendo sus brazos ejecutores. Las geoestrategias que hoy caracterizan a estas empresas van desde la monopolización del mercado de semillas, el acaparamiento de recursos naturales -especialmente suelo y agua-, el registro ilegítimo de patentes y la biopiratería. Gorenstein (2016) menciona que estas prácticas, meticulosamente pensadas, asocian la triada alimento-forraje-combustible; esto es, la convergencia de la producción de alimento humano y animal con la generación de bioenergía, dentro de lo cual la investigación juega un papel fundamental, que en la mayoría de las veces está determinado por los intereses de las multinacionales que las financian.

En este contexto, López (2017) en su artículo científico: “Geopolítica de la biodiversidad: el caso de las patentes de invención en Colombia 1993-2014”, pretende explicar desde la geopolítica, cómo las empresas transnacionales, amparadas en los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) comercializan y privatizan derivados de la biodiversidad colombiana. En esta problemática se interrelacionan varios actores directos como: las multinacionales y sus investigadores, las multilaterales, los entes de financiamiento como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, quienes se amparan en la ciencia y tecnología para legitimar sus patentes aduciendo que todo aquello que se modifique o altere genéticamente es fuente del intelecto humano y por tanto puede mercantilizarse -atribuyéndose desde luego su derecho a hacerlo-, pero también se pueden destacar otros actores, que de forma indirecta se ven afectados por la política liberal en cuanto al otorgamiento de patentes en Colombia, estos son los pueblos, comunidades y nacionalidades quienes suelen ser los guardianes de la biodiversidad ancestral y la sociedad civil que ve cómo desnacionaliza el patrimonio biológico y genético de los colombianos, todo esto frente a la impavidez gubernamental y su frágil sistema de protección de derechos de propiedad intelectual para personas naturales o jurídicas nacionales. El autor menciona tres momentos clave en el análisis histórico del otorgamiento de patentes en Colombia en el periodo comprendido entre 1993 y 2014 como se puede identificar en la Figura 1.

Durante este periodo de tiempo -21 años-, se registraron 285 patentes derivadas de recursos biológicos de Colombia. Estos datos se corroboraron con los registros de la Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. De esto se desprende que las empresas multinacionales tienen un peso significativo en las investigaciones científicas en Colombia, sin que esto garantice un beneficio para este país, por el contrario, pudiendo existir de fondo un costo social y ambiental. Del total de patentes registradas en el mencionado estudio, el 73.62 % pertenecen a multinacionales, el 26.38 % restante pertenece a personas naturales nacionales o extranjeras, empresas o universidades. Estos datos dan cuenta de una neocolonización y expropiación “blanca” de los recursos naturales de Colombia, realidad que se repite en varios países del Sur Global.

La generación de patentes se ha convertido en una herramienta geoestratégica de carácter jurídico-política con graves consecuencias como la fragmentación de territorios ricos en diversidad biológica y recursos naturales. Esto se puede constatar verificando el país donde se encuentran distribuidas las matrices de las empresas multinacionales que poseen la mayor cantidad de patentes obtenidas en Colombia, la mayoría de ellas pertenecientes al Norte Global, por ejemplo: el 31.92 % se encuentran en Estados Unidos, 15.78 % en Alemania, 4.56 % en Reino Unido, 4.21 % en Suiza, estos cuatro países equiparan el 56.47 % del total de las patentes registradas en Colombia en el ya mencionado espacio de tiempo, el resto se distribuye en otros 17 países en todos los continentes principalmente Francia, España, Cuba, Canadá, Países Bajos, Japón, Sudáfrica, entre otros. Estos 21 países ejercen investigaciones con recursos biológicos y genéticos en Colombia, y con seguridad, lo logran con el apoyo financiero procedente de los grandes grupos económicos que además tienen una presencia fuerte en los mercados colombianos. Estas firmas corresponden a gigantes económicos como Bayer-Monsanto (21 patentes), Eli Lilly and Company (16 patentes), Pfizer Inc. (14 patentes), Glaxo (10 patentes), BASF (8 patentes), Boehringer Ingelheim (8 patentes), Colgate – Palmolive Company (7 patentes) y otras nueve empresas, principalmente ligadas a los sectores agroalimentarios y farmacéuticos. El 50.52 % de las patentes pertenecen a líneas de investigación asociadas a la biotecnología y la ingeniería genética, 31.92 % a la Química Farmacéutica y el 17.54 % a la Química Pura.

Los productos que se obtienen y registran con patentes son alimentos, antibióticos, enzimas, fármacos, drogas e incluso nuevos organismos como los OGMs. Esto se logra gracias a los avances de la ingeniería genética, la biotecnología animal, vegetal, farmacéutica e incluso la militar, que desarrolla programas de investigación de armas químicas y biológicas en otros países gracias a los recursos biológicos y genéticos procedentes del Sur Global, generando desde luego grandes y jugosas rentas para quienes poseen los derechos de propiedad intelectual de cada una de las invenciones, modificaciones, o extracciones procedentes la biodiversidad de la que se apropian las multinacionales.

Sin embargo, López (2017) sugiere mayor profundidad en cuanto a las repercusiones que la obtención de estas patentes podrían tener en los territorios de los que se extraen los materiales biológicos, es posible que existan costos sociales e impactos ambientales como consecuencia del intervencionismo transnacional de los grandes grupos económicos en territorios megadiversos como Colombia, siendo los elementos de la biodiversidad más usados: compuestos orgánicos naturales, enzimas, catalizadores, hongos, bacterias, virus, parásitos, genes, plantas, células, animales, tejidos y protozoarios; de los cuales se pueden obtener: fármacos varios, fungicidas, herbicidas, biorremediadores, antibióticos, vacunas, insecticidas, virus, antivirales, semillas resistentes a plagas y enfermedades, semillas mejoradas, tejidos vegetales de interés, antígenos, plántulas, hormonas, inactivantes o activantes de microorganismos,  marcadores moleculares, antitumorales, entre otros. Es por esta razón que los recursos biológicos y genéticos son sin duda el objetivo de múltiples empresas transnacionales que ven en ellos la posibilidad de aumentar considerablemente sus ganancias respondiendo a un mercado que demanda constantemente innovación y soluciones a múltiples necesidades. La relación mercado-recurso biológico incita al aprovechamiento de las grandes multinacionales cuya hegemonía marca el desequilibrio en las relaciones de poder entre quienes tienen los medios de producción y el capital frente a quienes tienen los derechos históricos sobre el patrimonio biológico de países tan diversos como Colombia, Ecuador y Perú, éste último con más  de 122 casos de biopiratería denunciados hasta 2020, de los cuales solo 57 han sido resueltos, y muchos de ellos, al igual que Colombia terminan siendo desestimados ante el legal pero inmoral registro de patentes otorgados a firmas económicas que determinan las reglas del juego en los mercados mundiales así como también de las investigaciones que financian. Es evidente que la firma de tratados de libre comercio tiene un papel fundamental en la determinación de dichas reglas de juego, puesto que en ellos, muchas veces se legitima la posibilidad de privatizar las invenciones u obtenciones como lo sucedido con el TLC Col-USA (2012) y TLC Col-Corea (2014) donde se posibilitó y facultó a las empresas trasnacionales llevar a cabo programas de investigación con recurso biológico y genético colombiano a cambio del favorecimiento mediante la preferencia arancelaria de muchos de los productos producidos en este país, estos acuerdos parecen favorecer mutuamente a las partes sin embargo, el prejuicio económico por el registro de dichas patentes es incalculable, sin mencionar los efectos anexos a esta suerte de neocolonialismo en la región.

Ante esta complejidad, los hacedores de política están llamados al análisis de las experiencias de la hermana nación colombiana, las patentes, vistas como una herramienta geopolítica suponen una grave amenaza a la biodiversidad del Ecuador y del resto de países de Latinoamérica, se hace prioritario fortalecer los cuerpos normativos a fin de que protejan no solo al recurso biológico y genético, sino también los derechos de propiedad intelectual colectivo de pueblos y nacionalidades. Los gobiernos latinoamericanos deben ser más críticos en cuanto a la firma de condiciones asociadas a los DPI en los tratados de libre comercio, medidas liberales que por lo general terminan desplazando a los pequeños productores, liquidando a los emprendedores y favoreciendo la prosperidad de grandes emporios económicos que se ven libres de competencia local. Las políticas internas en cuanto a DPI, deben procurar favorecer la nacionalización de las obtenciones e innovaciones a través de registros de patentes, incentivar la investigación otorgando mayor financiamiento desde el Estado hacia las instituciones de educación superior e institutos gubernamentales, facilidad de registro para personas naturales o jurídicas nacionales y políticas de protección a colectivos a fin de que todos estos puedan gozar de una real democratización del conocimiento y justa distribución de las ganancias. Una normativa justa y eficiente en la protección ellos derechos de propiedad intelectual, es un eslabón más hacia una autonomía y real independencia de los países del Sur Global que por años -desde el colonialismo europeo hasta el hoy neocolonialismo-, han visto cómo sus recursos naturales han sido explotados dejando una estela de pobreza, injusticia, desigualdad y muerte consecuencia del capitalismo salvaje y sus empresas inmorales.  

Referencias

Cuéllar, R. (2012). Geopolítica. Origen del concepto y su evolución. Revista de Relaciones Internacionales de La UNAM, 113, 59–80. https://revistas.unam.mx/index.php/rri/article/download/48963/44028/134384

Gorenstein, S. (2016). Empresas transnacionales en la agricultura y la producción de alimentos en América Latina y el Caribe. Nueva Sociedad, Número Especial, 1–30. https://static.nuso.org/media/documents/Analisis_Gorenstein.pdf

López, J. A. (2017). Geopolítica de la biodiversidad: el caso de las patentes de invención en Colombia 1993-2014. Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales, 21, 92–110. https://doi.org/10.17141/letrasverdes.21.2017.2540

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