Aguirre-Flores, Alejandro Alfredo¹

¹Facultad de Ciencias Agrícolas, Política y Legislación Agraria, Universidad Central del Ecuador. Ciudadela Universitaria, 170521, Quito, Pichincha, Ecuador. aaaguirre@uce.edu.ec; https://orcid.org/0000-0002-2759-4377; https://www.researchgate.net/profile/Alejandro-Aguirre-Flores; https://scholar.google.es/citations?user=b_9-OU0AAAAJ&hl=es

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La política, entendida como un conjunto de decisiones que determinan relaciones de poder entre individuos, se ve presente en toda actividad humana, una de ellas es el ejercicio de alimentarse, tal como lo menciona Alain Ducasse: “Comer es un acto político”, donde el consumidor es quien ejerce el mayor poder a la hora de decidir qué comer. En este microensayo de reflexión se abordan los argumentos centrales del documental estadounidense “FOOD, _INC.” (2008), dirigido por el cineasta Emmy Robert, en él se pone en evidencia cómo la decadente producción industrial de carnes, granos, verduras, pasturas y balanceados es sostenida por el poder de las grandes compañías de alimentos en los Estados Unidos, cuya hegemonía resulta económica y ambientalmente insostenible, además de inhumana.

La industria alimenticia norteamericana empieza su poderoso imperio con el auge y demanda de la comida rápida, encabezada por la empresa Mc. Donals quienes instauran el modelo industrial en sus restaurantes de autoservicio (factorías), este auge viene de la mano de las políticas que permitieron su crecimiento y expansión, cuya dinámica consiste en presentar al consumidor opciones de alimentos más sanos cuyos costos rebasan el costo de producción de la misma comida rápida en todas sus presentaciones, en consecuencia, los consumidores se decantan por los costos mínimos que esta puede alcanzar, frente a esto, resulta necesario cuestionase ¿Cómo es que las cadenas de restaurantes de comida rápida han logrado hacerse de precios tan reducidos frente a sus competidores?, parte de la respuesta viene dada por la monopolización de los mercados agroindustriales, quienes terminan controlando toda la cadena de suministro en muy pocas empresas.

Proveer de materias primas baratas al mercado alimenticio, resulta fácil cuando las políticas agrarias favorecen a las grandes compañías, mismas que se blindan desde el poder político a través de instituciones gubernamentales como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, cuyos miembros se han visto vinculados con los grandes corporativos, éstas industrias aplican las tecnologías derivadas de la revolución verde intensificando cada centímetro cuadrado de superficie de producción agrícola o de cría de animales a fin de obtener altos rendimientos con el menor costo posible y sin tomar en cuenta impactos sociales o ambientales. Estas empresas incurren en prácticas que deben ser criticadas por su forma, tales como el hacinamiento de animales, maltrato animal por prácticas zootécnicas poco profesionales, uso inadecuado de la tecnología, monocultivos, uso intensivo de plaguicidas, acaparamiento de los recursos naturales, generación de pasivos ambientales, erosión de los suelos, expansión de la frontera agrícola, etc. La producción industrial de carnes demanda además instalar grandes extensiones de cultivos de maíz y soya transgénica, cuyas semillas también resultan ser parte de esta monopolización encabezada por empresas como Monsanto-Bayer, Syngenta y otras, que han desplazado con sus prácticas a los pequeños agricultores locales, llevándolos incluso a los juzgados por supuestas violaciones a los derechos de obtentor de las patentes que estas empresas poseen.  

Los costos sociales en los que estas empresas han incurrido, no se han hecho esperar, decantando en serias disputas legales por contratos de esclavitud moderna, fruto del tráfico de personas en calidad de empleados (esclavos) indocumentados, en su mayoría latino o de minorías afronorteamericanas, muertes de empleados por intoxicaciones o accidentes laborales, maltrato laboral y engorrosos laudos entre entes financiadores y productores quienes contraen deudas que terminan quebrándolos. A esta problemática se suman las amenazas sanitarias que se asocian a los sistemas de producción intensiva, especialmente de carnes, que terminan contaminadas de microorganismos patogénicos como Salmonella sp. y Escherychia coli, que han provocado muertes en niños y niñas en el territorio norteamericano, esto ha provocado que colectivos sociales se unan en favor de regular con mayor firmeza a las empresas agroindustriales a través de iniciativas legislativas como la Ley Kevin, nombrada así en reconocimiento a una de las víctimas de este sistema.

En Ecuador, el panorama no resulta tan diferente, su historia agraria muestra cómo se han ido posicionando la industria transnacional de alimentos y los agroexportadores quienes concentran la tierra y el recurso hídrico en un puñado de menos de 20 familias que determinan el qué hacer político del país. Estas empresas han precarizado el trabajo desde la gran hacienda hasta la actualidad, un ejemplo de ello es la reciente remanda por esclavitud moderna contra Furukawa Plantaciones C.A., transnacional que por décadas abusó de sus trabajadores en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Las políticas nacionales de gobiernos de derecha han favorecido la firma de convenios o tratados de libre comercio con potencias como los Estados Unidos y China, quienes marcan la agenda política del país a través de mecanismos de endeudamiento con entidades como el Fondo Monetario Internacional y otros organismos cuyas políticas siempre buscarán favorecer a las grandes compañías a quienes se deben. El efecto de esto se ha expresado en eventos tales como la migración en zonas del Austro y la Sierra Centro, el endeudamiento de los agricultores con prestamistas (chulqueros), el monocultivo de productos como maíz caña, banano y broccoli. A todo esto, se suma el comportamiento de consumo de los ecuatorianos, especialmente en las urbes, donde las grandes cadenas de supermercados, también controladas por unos pocos grupos económicos poderosos como corporación El Rosado, determinan las relaciones entre consumidores y proveedores, definiendo las reglas de juego en el mercado de alimentos, contribuyendo a deserción de los pequeños agricultores de sus campos.

En virtud de todo lo antes mencionado, resulta ineludible la responsabilidad individual que tiene cada ser humano a la hora de decidir qué comer. La humanidad se enfrenta a escenarios complejos como los previstos ante los efectos del cambio climático, la escasez de alimentos, la presión demográfica y los mercados complejos. Sin mencionar otros aspectos como, la desigualdad en el acceso y uso del suelo y el agua, problemáticas de género y de minorías, y otros factores como la amenaza de pandemias y conflictos bélicos. Estos escenarios marcarán la coyuntura del acto político más trascendental para mantener el ejercicio de la vida humana, el comer. Por esto, se hace indiscutible rever las dinámicas de los sistemas agroalimentarios, modificar los patrones de consumo, tener conciencia de decisión y  sin duda conocer qué comemos, confirmando lo dicho al inicio de esta reflexión, comer es un acto político que se define al menos tres veces al día, al menos entre quienes tiene la fortuna de decidir y que define las relaciones sociales alimenticias de los seres humanos.

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